Los decretos leyes Del Régimen Especial de Seguridad Social del Sector Agropecuario y Forestal y Del Régimen Laboral Especial de las Personas Privadas de Libertad que trabajan dentro o fuera de los Establecimientos Penitenciarios fueron aprobados por el Consejo de Estado en una sesión ordinaria este lunes, encabezada por su presidente, Esteban Lazo Hernández.
Según el sitio del Parlamento, el primer texto amplía la cobertura de la protección por la seguridad social al sector agropecuario y forestal, mediante un régimen especial único, de carácter contributivo, que cubre, de manera coherente y uniforme, todas las contingencias que reconoce el régimen general de seguridad social vigente en el país.
«Tiene el objetivo de agrupar, en un solo cuerpo legal, a todos los sujetos del sector agropecuario y forestal, protegiendo a aquellos que no reciben los beneficios del régimen especial de la seguridad social, ampliando la cobertura de los riesgos y homologando el tratamiento con el sector estatal», señaló Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social.
En tanto, el segundo decreto ley «regula la relación jurídica de trabajo que se establece entre la persona privada de libertad apta y en disposición de trabajar y la autoridad penitenciaria, para el desarrollo de una prestación laboral subordinada por cuenta ajena y remunerada. Se aplica también a los que cumplen medida cautelar de prisión provisional en el sistema penitenciario cubano, y se excluyen las actividades que forman parte del proceso educativo en el establecimiento penitenciario», recoge la norma.
La agenda también examinó las medidas aprobadas como resultado del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de Energía y Minas (Minem), desarrollado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, de enero a junio de 2022, que derivó en 13 recomendaciones asociadas al cumplimiento de sus funciones estatales y políticas públicas.
El Consejo de Estado también analizó la marcha de la implementación del Código de las Familias y la actividad de la atención a la población. También aprobó la propuesta de control y fiscalización al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el primer trimestre de 2024, por las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional.
Tomado de Granma
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