Reflexionaron sobre el proceso de contratación y comercialización en las bases agrícolas. Foto: Dunia Álvarez Palacios
«Se ha trabajado mucho, pero nos falta también mucho por hacer, y no podemos estar satisfechos hasta que no logremos la verdadera soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, cuyo indicador y única meta debe verse en la mesa de la familia cubana; esto es un problema de seguridad nacional».
La afirmación la compartió ayer el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la reunión de balance anual de la Comisión Nacional que atiende el tema, y que él coordina, en la que llamó a concentrarse en «buscar soluciones a los problemas pendientes y a hacer cosas diferentes».
En el encuentro –realizado por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución y dirigido por el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca–, se coincidió en que la consolidación de los sistemas alimentarios locales, el cumplimiento de los programas productivos, así como el control sistemático de la contratación y comercialización de productos agropecuarios son desafíos que entraña la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria, y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN).
El Primer Ministro particularizó en otros asuntos, como el funcionamiento de las empresas agroindustriales municipales, la generalización de buenas prácticas, con énfasis en aquellas que aplican el extensionismo agrario y la agroecología, y el desarrollo de un amplio movimiento de autoabastecimiento en los consejos populares.
«Es necesario que en los municipios se entienda realmente el alcance que tiene el concepto de soberanía alimentaria y el papel que le corresponde a cada uno de los factores para lograrla», dijo Marrero Cruz, quien añadió que cada territorio debe analizar el potencial productivo que posee y lo que está haciendo.
Agregó que, igualmente, debe concretar cuándo se puede autoabastecer por productos, evaluando sistemáticamente en los consejos de administración y asambleas municipales cómo va la implementación de la Ley SSAN. «Cada municipio debe tener claridad de que los alimentos más seguros son los que seamos capaces de producir».
Sobre el proceso de contratación y comercialización, el Jefe de Gobierno insistió en perfeccionar el funcionamiento del comité de contratación y precios, tener mayor control de la producción y sus destinos, realizar la compra directa a productores, resolver el impago a estos, así como incrementar las acciones de regulación y enfrentamiento a las violaciones de precios.
Al evaluar los resultados de la Comisión en 2024, trascendió que el último periodo de trabajo ha estado marcado por la capacitación, el aprendizaje constante y el cambio de estructuras municipales y provinciales. Además, se reiteró que la comunicación es un proceso transversal a la gestión de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional.
Roberto Pérez Pérez, viceministro de Economía y Planificación, aseveró que «la contratación no es sinónimo de producción», y que «los planes deben acercarse a las realidades productivas de los territorios». Mientras, desde Matanzas, el miembro del Buró Político, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, destacó que, a partir de los avances en la aplicación de la Ley SSAN, los retos para este año son superiores en el camino de satisfacer la demanda de alimentos.
En esa línea de pensamiento, el Jefe de Gobierno compartió la certeza de pasar a una etapa superior en la implementación de la norma jurídica, «con mayor rigor en su control y el compromiso de todos, pues lo más seguro es lo que seamos capaces de producir, con nuestros propios esfuerzos, con iniciativas, con la aplicación de la ciencia y la innovación».
Por ello, señaló, se debe continuar estimulando la producción de alimentos desde la escuela, las familias, la comunidad, los centros laborales, los consejos populares, en los que el Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar y el autoabastecimiento municipal son decisivos en el cumplimento de los objetivos trazados.
Finalmente, reconoció el esfuerzo de productores, campesinos, trabajadores del sector agrícola, así como de los organismos del Sistema de Naciones Unidas en Cuba por sus contribuciones y aportes al objetivo común de alcanzar la soberanía alimentaria de la nación en un escenario económico complejo y de bloqueo recrudecido.
Tomado de Granma
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